Case Studies

En Ghana, la sociedad civil se ha comprometido en la cuestión de cómo utilizar de la mejor manera los recursos generados por la minería aurífera desde la creación de la Iniciativa para laTransparencia en las Industrias Extractivas (ITIE) en Ghana en 2003, y ha estado buscando ampliar esa experiencia al sector del petróleo y gas. Los partidos de oposición tienden a ser más abiertos a las críticas sobre lo que está sucediendo con las rentas de la extracción de recursos naturales, ya que pueden usar esto para cuestionar al gobierno. Como estrategia, por tanto, la sociedad civil trabajó con el entonces partido opositor Congreso Nacional Democrático, para persuadirlo a comprometerse en su manifiesto a la gestión transparente y con rendición de cuentas del sector de los recursos naturales del país. Después de que grandes cantidades de petróleo fueran descubiertas en Ghana en 2007 (que generarían al menos US$1,000 millones en rentas anuales durante los próximos 20 años), se organizó una mesa redonda para discutir la extensión de la ITIE al sector del petróleo y gas. Esto trajo divisiones dentro de la sociedad civil sobre cómo participar en la ITIE, porque era vista como manejada por los donantes e iniciada por el gobierno británico deTony Blair y no por los africanos. Sin embargo, la opinión de una serie de OSC fue que si bien la ITIE era limitada en algunos aspectos, el mejor enfoque era trabajar desde dentro y buscar ampliar y profundizar su alcance. La participación en grupos de trabajo de la ITIE produjo información útil y dio a la sociedad civil más influencia. El Centro para el Desarrollo Social Integrado (ISODEC) se convirtió en una referencia para las OSC sobre la cuestión. El Programa de Fomento de la Capacidad Global de Noruega para la campaña PLQP (Publiquen Lo Que…

La campaña de Christian Aid sobre tributación en el Reino Unido buscó tener como destinatario alTesoro británico. El ministro competente tenía un compromiso personal con el cristianismo y la justicia social. Christian Aid le envió un informe sobre los vínculos entre la fe cristiana y la justicia tributaria. El informe resonó en los compromisos y creencias personales del ministro, quien se dio cuenta de que su papel en el Tesoro le daba poder para influir en el cambio. Como resultado de esto, el ministro británico se comprometió activamente con organizaciones no gubernamentales británicas sobre la cuestión y presionó por la justicia tributaria en la Cumbre del G20 en Londres y en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Ahora hay un compromiso del G20 de trabajar para apoyar a los países en desarrollo a beneficiarse del intercambio de información tributaria, y la OCDE está trabajando en una presentación de cuentas país por país.

La industria petrolera en Perú tiene un historial accidentado. En un caso actual que se encuentra en tribunales estadounidenses, un gigante de la industria está acusado de contaminar en un periodo de 30 años los ríos y tierras de los indígenas achuares, causando muerte, intoxicación generalizada y destrucción de su modo de vida. Otra empresa que opera en la misma parte de Perú, Pluspetrol, ha puesto bastante más énfasis en las relaciones con la comunidad, estableciendo proyectos para mejorar la salud y nutrición de niños, familias y comunidades. Su objetivo es reducir o eliminar los riesgos sociales que pueden conducir a la violencia o hacer peligrar sus actividades empresariales. Sin embargo, incluso en el caso de una empresa que aparentemente toma en serio la responsabilidad social empresarial, no es fácil determinar quién es dueño de la empresa. Cuando activistas locales empezaron a investigar a la empresa, descubrieron que Pluspetrol había trasladado su sede de Argentina a los Países Bajos en el año 2000. Encontraron los documentos oficiales que mostraban la estructura de la empresa en bases dedatos, en lugar de hacerlo a través de fuentes disponibles al público, porque el sitio web de Pluspetrol no proporcionaba la información. Como Pluspetrol no tiene operaciones (producción o ventas) en los Países Bajos, los activistas se preguntaron por qué la empresa ubicaría allí su sede, y acudieron a la organización holandesa Centro de Investigaciones sobre Empresas Multinacionales (SOMO) para averiguar más. Las empresas registradas en los Países Bajos están obligadas a presentar a la Cámara Holandesa de Comercio un informe anual que es más amplio que el informe anual que la empresa publica en su sitio web. SOMO buscó en la base de datos de la Cámara Holandesa de Comercio para Pluspetrol, encontró una lista de subsidiarias en su informe anual y trazó…

En Sierra Leona, las organizaciones de la sociedad civil han estado haciendo campaña ante su gobierno por una mayor transparencia y rendición de cuentas y por mayores rentas del sector de recursos extractivos. Sierra Leona es rica en recursos minerales, y una serie de empresas mineras extranjeras están cosechando los beneficios, y sin embargo el país capta deplorablemente pocas rentas del sector debido a desgravaciones tributarias demasiado generosas y limitada capacidad administrativa. Aunque Sierra Leona exportó US$145 millones en minerales en 2007, sólo US$10 millones se quedaron en el país, esto es, sólo el 5% de las rentas totales del gobierno. En parte debido a su fracaso por imponer tributos al sector minero, el gobierno ha tratado de obtener rentas a través de otros medios. En 2009 el gobierno introdujo un nuevo impuesto a los bienes y servicios (IBS), similar al impuesto al valor añadido (IVA). Poco después de introducirse este nuevo impuesto, los activistas de Sierra Leona identificaron la naturaleza potencialmente regresiva del nuevo impuesto como un problema grave y vincularon la cuestión a su trabajo existente en materia de tributación en el sector minero. Así, encargaron una investigación para profundizar su análisis de la estructura tributaria de Sierra Leona, incluyendo ver cómo sería sentido el IBS por las diferentes audiencias. La investigación llega en un momento en que los que trabajan en tributación en Sierra Leona están tratando de ampliar y reforzar su red y de abordar las cuestiones tributarias y de desarrollo más allá del sector de recursos extractivos. Por lo tanto, a la vez que buscar desarrollar análisis y generar propuestas para una alternativa tributaria equitativa que pueda ser compartida con los responsables de las políticas, el informe de investigación pretende también ‘apoyar el debate público más amplio e informado y la incidencia en torno a…

En Nicaragua, una coalición de organizaciones de la sociedad civil (OSC) encabezada por la Coordinadora Civil y el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) viene trabajando desde hace tiempo para mejorar la educación en el país mediante campañas por un mayor gasto en la educación. Las contrapartes de la coalición han decidido recientemente abordar cuestiones de política tributaria e incluir la reforma tributaria como una parte específica de sus actividades de incidencia. Este es un resultado de sus análisis de problemas y soluciones, que les llevó a ver que las políticas tributarias —específicamente el nivel de recaudación de impuestos y la desigualdad dentro del sistema tributario— son obstáculos fundamentales para aumentar el gasto en educación. Referencia no.1

In Nicaragua, a coalition of civil society organisations (CSOs) led by Coordinadora Civil and Instituto de Estudios Estratégicos y Politicas Públicas (IEEPP) has long worked to improve education in the country through campaigning for increased public spending. Coalition partners have recently decided to address tax policy issues and include tax reform as a specific part of their advocacy. This is a result of their problem and solution analysis, which led them to see that tax policies – specifically, the level of tax collection and the inequity within the tax system – are fundamental obstacles to increased spending on education.

Los activistas por la justicia tributaria en Europa, entre ellos la Red de Justicia Fiscal, Eurodad, Christian Aid, CCFD, MISEREOR y ActionAid, han estado presionando para que los gobiernos del G20 aborden la cuestión del abuso de precios de transferencia. La crisis financiera de 2008 creó un impulso para el cambio en los países de la OCDE, y una oportunidad para que las organizaciones no gubernamentales y otros introduzcan los impactos del secreto financiero en el desarrollo, llamando a los líderes mundiales a abordar el problema. El G20 se comprometió a elaborar propuestas para garantizar que los países en desarrollo se beneficien del nuevo entorno cooperativo en materia de tributación.52 La campaña tiene una oportunidad real de éxito, en la medida en que la Unión Europea y la OCDE reconocen la necesidad de abordar el problema y parecen estar tomando medidas al respecto.

Cuando las negociaciones sobre los acuerdos de asociación económica (AAE, o EPA por sus siglas en inglés) comenzaron en 2002, la sociedad civil en los Estados ACP y en Europa se organizó y lanzó una campaña ‘Stop EPA’, para detener los AAE. Las preocupaciones suscitadas por los acuerdos propuestos incluían las repercusiones previstas en la agricultura, la industria y los puestos de trabajo —pues los países se verían obligados a competir con las importaciones europeas—, así como las maneras en que los AAE limitarían la capacidad de los gobiernos para regular sus economías en interés del desarrollo y la reducción de la pobreza. Además, los gobiernos y la sociedad civil han expresado su temor de que los AAE priven a los países ACP de importantes rentas tributarias, sin ninguna garantía de que estas pérdidas serían compensadas por flujos de ingresos alternativos. La UE ha argumentado que la brecha en las rentas puede llenarse con ayuda de corto plazo, pero no existen garantías de que se contará con fondos adicionales de una manera que no desvíe recursos de otros programas de desarrollo importantes. Lo que es peor, los gobiernos sacrificarían una fuente sostenible de financiamiento que puede ser generado año tras año, por una mayor dependencia de la asistencia al desarrollo de la UE que puede ser de corto plazo aun si se materializa. Cuando los activistas de Stop EPAs en Europa han planteado esta cuestión ante los gobiernos europeos y el Parlamento Europeo, ha sido recibida con preocupación, pues incluso los que creen en los beneficios de los acuerdos de libre comercio tienden a reconocer que los países necesitan ingresos tributarios sostenibles. Resaltar esta cuestión ha sido un punto de entrada para conseguir que los decisores escuchen las preocupaciones más amplias sobre los AAE. Referencia no.45

A mediados del decenio de 2000, el gobierno filipino comenzó un agresivo esfuerzo para desarrollar el sector minero del país. El gobierno ve en la abundante riqueza mineral del país, todavía en gran parte enterrada bajo tierra, un motor potencial para impulsar el crecimiento económico y mantenerlo en alto nivel. El gobierno ha proporcionado una serie de incentivos tributarios, incluyendo vacaciones fiscales sobre la renta, con el fin de atraer inversionistas al sector. Investigación de la organización Acción por Reformas Económicas llevada a cabo en 2009 estima que las rentas dejadas de percibir en 2004 como resultado de estas exoneraciones tributarias oscilaron entre US$66.8 millones y US$244.2 millones de dólares, esto es, entre 80% y 300% de la recaudación tributaria efectiva para el mismo año. Si se utiliza la estimación más alta, las rentas dejadas de percibir de la minería en 2004 habrían ascendido a 5.68% del déficit nacional. Esto es a pesar de la evidencia de que los factores determinantes para los inversionistas mineros son la calidad de los minerales en Filipinas y sus precios actuales, no las exoneraciones tributarias, lo que sugiere que las inversiones de todos modos habrían llegado.41 La parte del total de la recaudación tributaria que va a los gobiernos locales también ha ido disminuyendo constantemente. Es difícil conocer las razones de la disminución, pero una posible explicación es que las empresas mineras han estado reteniendo pagos a las administraciones locales a medida que la buena fortuna de la minería ha ido mermando. Por ejemplo, el Consejo de Asuntos Ambientales de Marinduque informó que Marcopper debe al gobierno provincial más de US$20 millones en impuestos a bienes inmuebles no pagados. Las empresas mineras en tierras ancestrales tienen también un historial irregular en el pago de regalías a los pueblos indígenas. Referencia no.40

En Zambia se negociaron acuerdos de desarrollo minero con inversionistas mineros privados que se hicieron cargo de las minas cupríferas después de la privatización de la industria del cobre de Zambia en 1998. Dichos acuerdos ofrecieron enormes exenciones tributarias a las empresas mineras, entre ellas el establecimiento de tasas de regalías de 0.6% y de impuesto a la renta de las sociedades de 25%, en lugar de 3% de regalías y 30% de impuesto sobre la renta de las empresas especificados en la Ley de Minería. A pesar de los precios internacionales del cobre en auge entre 2003 y 2008, estas exoneraciones tributarias han drenado a las arcas del gobierno de rentas muy necesarias para los gastos del desarrollo. Por ejemplo, en 2004, el gobierno recaudó sólo US$8 millones en rentas por impuestos y regalías de la industria cuprífera. En 1992, un año en que la producción de cobre y los precios internacionales del cobre estuvieron en niveles similares a los de 2004, las rentas del presupuesto provenientes de impuestos y regalías fueron US$200 millones, en gran parte debido a la mayor recaudación de impuestos de las minas. Los actores de la sociedad civil de Zambia, incluyendo la entonces Red de la Sociedad Civil sobre el Comercio de Zambia (CSTNZ), iglesias y sindicatos, se ocuparon de esta cuestión. Publicaron informes de investigación, comprometieron a parlamentarios y medios de comunicación y elevaron el nivel del debate en el país sobre la cuestión de las exenciones tributarias en el sector minero. En parte como resultado de esta exitosa campaña y cabildeo de la sociedad civil, en 2008 el gobierno decidió prohibir las exoneraciones tributarias especiales concedidas a las empresas mineras cupríferas en los acuerdos de desarrollo minero, y dispuso que las empresas volviesen a pagar el 3% previsto en la ley. El…