Cuando las negociaciones sobre los acuerdos de asociación económica (AAE, o EPA por sus siglas en inglés) comenzaron en 2002, la sociedad civil en los Estados ACP y en Europa se organizó y lanzó una campaña ‘Stop EPA’, para detener los AAE. Las preocupaciones suscitadas por los acuerdos propuestos incluían las repercusiones previstas en la agricultura, la industria y los puestos de trabajo —pues los países se verían obligados a competir con las importaciones europeas—, así como las maneras en que los AAE limitarían la capacidad de los gobiernos para regular sus economías en interés del desarrollo y la reducción de la pobreza. Además, los gobiernos y la sociedad civil han expresado su temor de que los AAE priven a los países ACP de importantes rentas tributarias, sin ninguna garantía de que estas pérdidas serían compensadas por flujos de ingresos alternativos. La UE ha argumentado que la brecha en las rentas puede llenarse con ayuda de corto plazo, pero no existen garantías de que se contará con fondos adicionales de una manera que no desvíe recursos de otros programas de desarrollo importantes. Lo que es peor, los gobiernos sacrificarían una fuente sostenible de financiamiento que puede ser generado año tras año, por una mayor dependencia de la asistencia al desarrollo de la UE que puede ser de corto plazo aun si se materializa. Cuando los activistas de Stop EPAs en Europa han planteado esta cuestión ante los gobiernos europeos y el Parlamento Europeo, ha sido recibida con preocupación, pues incluso los que creen en los beneficios de los acuerdos de libre comercio tienden a reconocer que los países necesitan ingresos tributarios sostenibles. Resaltar esta cuestión ha sido un punto de entrada para conseguir que los decisores escuchen las preocupaciones más amplias sobre los AAE.