Filipinas
A principios del decenio de 1990, la Coalición para la Liberación de la Deuda (FDC) de Filipinas protestó contra los planes del gobierno filipino para ampliar el IVA sobre una gama de artículos, incluidos los plaguicidas, lo cual habría elevado los costes de producción para los pequeños agricultores que no podían trasladar el gravamen a comerciantes y molineros.9 Los ciudadanos argumentaron que el IVA violaba la Constitución filipina, que dice que ‘el Congreso desarrollará un sistema progresivo de impuestos’ (artículo VI, sección 28). Sin embargo, a pesar de una fuerte campaña contra el impuesto, la ley de IVA fue aprobada en el Congreso. Inicialmente la FDC se centró principalmente en el problema de la deuda y cómo el gobierno debía abordarlo de manera justa y eficiente. Pero la introducción del IVA, que respondió a condiciones crediticias impuestas por el FMI, el Banco Mundial y el Banco Asiático de
Desarrollo, movió a la FDC a participar en campañas en cuestiones tributarias, al ver que el impuesto injusto y el problema de la deuda eran inseparables. La FDC lanzó un Seminario Ciudadano sobre ReformaTributaria, y desde entonces ha participado activamente en comprometer al gobierno en campañas de reforma tributaria.
Sierra Leona
En 2010, tras la aplicación de un IBS en Sierra Leona, una amplia gama de grupos de la sociedad civil, incluidas redes y coaliciones (desde salud y agricultura hasta minería, educación y bienestar de los animales), se reunieron para desafiar la imposición del IBS como una política regresiva del gobierno y para planificar incidencia política e investigación en cuestiones tributarias. El foro desarrolló y publicó la ‘Declaración de Freetown sobre impuestos y desarrollo’.10