La industria petrolera y gasífera de Bolivia es el sector más dinámico de la economía boliviana, y recibe con mucho la mayor parte de la inversión extranjera. Sin embargo, Bolivia ha tenido que luchar para beneficiarse de su enorme riqueza subterránea desde que el sector fue privatizado en 1996 como parte de sus reformas de ajuste estructural. Con la privatización, las regalías de la gran mayoría de las empresas se redujeron de 50% a sólo 18%. Hubo gran preocupación nacional sobre la reforma. La investigación demostró que el gobierno estaba captando cada vez menos rentas del sector (el 37% de la facturación en 1999 se redujo al 27% en 2004), en un contexto de enormes aumentos en la inversión, producción y exportaciones con el correspondiente aumento de los precios.
Organizaciones de la sociedad civil (OSC) tales como el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) tomaron la iniciativa en la investigación y educación de la población sobre el impacto de las reformas, lo cual contribuyó al descontento popular y a una serie de movilizaciones y protestas lideradas por grupos indígenas. Como resultado de la presión, el Congreso de Bolivia finalmente aprobó una ley en mayo de 2005 que estipulaba —entre otras cosas— una nueva estructura de regalías y tributos sobre la extracción de petróleo y gas.Todas las reservas pasaron a sujetarse a la tasa de regalías de 18%, así como a un nuevo impuesto directo del 32% sobre el valor de toda la producción de petróleo y gas. Las reformas en el sector desde 2005 han generado un enorme aumento en las rentas del gobierno boliviano (de ingresos de unos US$173 millones en 2002 a un estimado de $1,570 millones en 2007).
Como resultado, el gobierno del presidente Evo Morales ha aumentado el gasto en programas sociales. Se han desarrollado tres grandes programas de transferencia de efectivo: una expansión de las pensiones públicas para aliviar la extrema pobreza entre los ancianos; una subvención para las familias pobres a fin de aumentar la matrícula en la escuela primaria, y, más recientemente, una subvención para madres primerizas no aseguradas como incentivo para que busquen atención médica durante y después de su embarazo, con el fin de reducir la mortalidad materna e infantil.También se proporcionan desayunos escolares a los niños de la escuela primaria para garantizar a todos los escolares al menos una comida al día. Ninguno de estos programas hubiera sido posible sin las reformas a los impuestos al petróleo y el gas.