En los últimos años, la India ha logrado un cierto nivel de progreso en otorgar derechos fundamentales a sus ciudadanos. Ejemplos recientes incluyen el ‘Derecho a la educación’ acordado en 2010 y el ‘Derecho a la alimentación’, que se debatió en 2010 en el Parlamento indio.
Las personas pobres en la India descubrieron que están pagando impuestos por todo, desde cajas de fósforos hasta el arroz, y con el lema ‘queremos saber, queremos vivir’ exigieron ver las cuentas del gobierno. Inicialmente se negó al pueblo este acceso a la información financiera, pero durante la campaña de 2005 por el ‘Derecho a la información’ los activistas en tributación aprovecharon la oportunidad para exigir claridad sobre los ingresos y gastos del gobierno. Con la aprobación de la Ley de derecho a la información, los ciudadanos de la India tienen ahora derecho a saber cómo se gasta el dinero de sus impuestos y están usando este conocimiento para cuestionar las políticas tributarias existentes. El sistema tributario del gobierno central en la India tiene una plétora de exenciones que han dado lugar a que el gobierno deje de percibir enormes cantidades de rentas tributarias cada año; en el periodo 2009/10 el Ministerio de Finanzas del gobierno central estimó que esto ascendió a más de 5 billones de rupias (aproximadamente US$110,000 millones) o un 8% del PIB de la India. Debido a la mayor transparencia que trajo consigo el Derecho a la información, los activistas indios – en tributación pueden ahora pedir que se justifiquen todas las exenciones de impuestos al comercio y la industria y que las exenciones que no puedan justificarse sean eliminadas.