A mediados del decenio de 2000, el gobierno filipino comenzó un agresivo esfuerzo para desarrollar el sector minero del país. El gobierno ve en la abundante riqueza mineral del país, todavía en gran parte enterrada bajo tierra, un motor potencial para impulsar el crecimiento económico y mantenerlo en alto nivel.
El gobierno ha proporcionado una serie de incentivos tributarios, incluyendo vacaciones fiscales sobre la renta, con el fin de atraer inversionistas al sector. Investigación de la organización Acción por Reformas Económicas llevada a cabo en 2009 estima que las rentas dejadas de percibir en 2004 como resultado de estas exoneraciones tributarias oscilaron entre US$66.8 millones y US$244.2 millones de dólares, esto es, entre 80% y 300% de la recaudación tributaria efectiva para el mismo año. Si se utiliza la estimación más alta, las rentas dejadas de percibir de la minería en 2004 habrían ascendido a 5.68% del déficit nacional. Esto es a pesar de la evidencia de que los factores determinantes para los inversionistas mineros son la calidad de los minerales en Filipinas y sus precios actuales, no las exoneraciones tributarias, lo que sugiere que las inversiones de todos modos habrían llegado.41
La parte del total de la recaudación tributaria que va a los gobiernos locales también ha ido disminuyendo constantemente. Es difícil conocer las razones de la disminución, pero una posible explicación es que las empresas mineras han estado reteniendo pagos a las administraciones locales a medida que la buena fortuna de la minería ha ido mermando. Por ejemplo, el Consejo de Asuntos Ambientales de Marinduque informó que Marcopper debe al gobierno provincial más de US$20 millones en impuestos a bienes inmuebles no pagados. Las empresas mineras en tierras ancestrales tienen también un historial irregular en el pago de regalías a los pueblos indígenas.